En la
cárcel de Resistencia, Chaco, aguarda su condena el último genocida preso por
la Masacre de Margarita Belén, el ex capitán de Inteligencia Norberto Tozzo.
Se había fugado
del país con la colaboración de la corporación judicial hace algunos años,
capturado luego en Brasil y traído finalmente a la Argentina.
Cuando aún
revistaba en las filas del ejército se jactó de haber sido el responsable de la
eliminación lisa y llana de las últimas conducciones montoneras de la región
litoral.
Se olvidó o
no pudo o no supo eliminar la memoria que quedaba en pie aún después de la
muerte y el olvido de algunos.
Esa memoria
es la que aportó las pruebas a la justicia que permitieron comprobar su
participación en la Masacre de una treintena de prisioneros políticos de la
dictadura.
Hoy se hace
justicia.
Este caso
es una metáfora casi perfecta de la época que vivimos los argentinos.
Mucho más
si al prontuario del criminal preso le agregamos sus dotes de “periodista” y “dueño
de medios” durante su fugaz bonanza de indulto, obediencia debida y punto
final.
Mató, se
enriqueció, huyó y lo apresaron, sería la secuencia de esta trama siniestra.
La justicia
será implacable mientras la memoria lo sea.
Es justo
decir también que así como los corporativos de la justicia lo liberaron en el momento
de mayor impunidad, otros hombres del mismo sistema judicial, como el
querellante Mario Bosch y los fiscales Jorge Auad, Carlos Amad, Patricio
Sabadini y Diego Vigay, entre otros, hoy limpian el honor manchado por sus
antiguos colegas posibilitando esta instancia final de la condena.
Es un
motivo más para celebrar en este Día Nacional de la Memoria.
En esos rincones
de luz memoriosa que son los juicios por lesa humanidad, se escucha el dolor de
los testigos pero también se oye el clamor unánime para que se ejerza una
justicia plena que condene en tiempo y forma a todos los genocidas y a todos
los cómplices que montaron la escena de
aquellos aberrantes crímenes.
Algunos acusados
son ex uniformados y otros, civiles siempre agazapados en estos largos años de
democracia.
Quienes
tuvieron el coraje de testimoniar y enjuiciar al que gatilló y al que masacró
amparado en su fuero blindado de señores de la vida y de la muerte, tienen
sobrados motivos y derechos para reclamar que también sean sentados en el
banquillo de los acusados los civiles que apañaron y en algunos casos
condujeron el terrorismo de estado en el campo judicial, sindical, religioso,
político, periodístico o el que fuera.
Desde esa
misma convicción y derecho, no son pocos los que creen que llegó la hora de
advertir serenamente que debemos evitar la tentación de fijar en el terreno del
pasado la exclusividad de la memoria y la justicia.
Los juicios
deben proseguir, ampliarse y permanecer hasta que el último de los criminales
sea juzgado como manda la ley y la conciencia de un pueblo.
Pero habrá
que poner mucha voluntad para apurar el cierre de ese ciclo con Memoria, Verdad
y Justicia. Es preciso empezar a valorar socialmente y desde el mismo pie de
nuestra memoria colectiva, la necesidad y la urgencia de revalorizar la plena
vigencia de los derechos humanos, así en el pasado como en este presente donde
la certeza de estar construyendo un país mejor, más inclusivo y más justo se mal
combina a veces con la incertidumbre que crea la acechanza de torturadores
amparados por un sistema policial y judicial que pareciera anclado en aquel
tiempo feroz donde mandaban tipos como Tozzo.
En la
semana que pasó, la Defensora General de la Nación, doctora Stella Maris
Martínez, convocó a una mesa de debate contra la tortura en el predio de la ex
ESMA. Estuvieron presentes la Procuradora Alejandra Gils Carbó, el Secretario
de Derechos Humanos Martín Fresneda,
Madres, Abuelas, Hijos y organismos como el CELS y la Comisión de la Memoria de
la Provincia de Bs. Aires.
Conmovió el
cuadro de situación social descripto por la Defensora al decir que la sociedad
se interesó y preocupó más por la campaña difamatoria de Clarín y compañía ante
la “presunta libertad” de presos condenados, que por las escenas filmadas en
una comisaría de Salta mientras torturaban a dos adolescentes, casi niños.
Allí hay
que poner el acento, en la defensa plena de los derechos humanos en toda su
integridad.
El país que
juzga a los genocidas y establece la Asignación Universal por Hijo no se merece
que la tortura y los torturadores sigan tan campantes como en tiempos de la
inquisición y la exclusión social.
Iniciativas
como estas alientan y redoblan el esfuerzo en esa dirección, al igual que las
designaciones de la Procuradora General designando en la Procuraduría contra la
Violencia Institucional al fiscal Abel Córdoba y en la de Narcocriminalidad al fiscal
Félix Crous.
Son claros propósitos que ayudan a configurar una nueva
justicia que sirva a la sociedad, que la defienda, que la proteja y que
castigue con el máximo rigor de la ley a quienes intenten siquiera violar la
integridad física y moral de las personas.
La
presencia de la presidenta de la Nación en la inauguración de un centro de
investigación, arte y deporte en la tristemente célebre “Mansión Seré”, usada
por la dictadura como centro de detención clandestina, está diciendo que la
memoria fructifica en estos avances que empiezan a constituirse en patrimonio
cultural del país que hoy se construye.
Las Madres
de Plaza de Mayo, con su Radio renovada y con todas las obras que construyeron
en estos años, alumbraron este camino de reparación y transformación.
En fin, la
renovación y democratización de la justicia en la que están empeñados jueces,
fiscales, defensores y juristas de Justicia legítima, encuentra su razón de ser
en estos grandes objetivos éticos, en la campaña contra la tortura, contra la
trata de personas y el trabajo esclavo.
Hay que redoblar
el esfuerzo por cambiar la vida de los más humildes haciéndola más justa e
inclusiva, dijo Cristina desde Morón.
Sólo así la
memoria no correrá riesgo de convertirse en una pieza de museo.
Miradas al Sur, domingo 24 de marzo de 2013
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